YPF seguirá siendo privada.

YPF, creada bajo el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, y privatizada después de 70 años por el peronismo en su versión '90s, seguirá siendo una Sociedad Anónima.
En ese sentido se expresa el art. 15, dentro del Capítulo III del proyecto de ley de expropiación enviado por el Poder Ejecutivo en los últimos días:

ARTÍCULO 15.- Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónimacontinuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos delCapítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente laadministración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que elEstado Nacional o los estados provinciales tengan participación.

Por lo tanto, seguirá bajo la órbita privada.
Eso es diferente a la Nacionalización, tan anunciada desde los medios, tanto oficialistas como opositores.

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TBA y la Responsabilidad Pública

En el área del derecho público, se ubican los contratos administrativos, cuya finalidad significa la satisfacción de un interés público relevante. Los servicios públicos concesionados se rigen por esta normativa. Una vez ubicado en la esfera del Derecho Público, se entiende que la responsabilidad del Estado debe ubicarse en otro lugar: el contralor se ejerce desde un ente de regulación.

Ahora bien, sería un error considerar que el Estado debe desentenderse de la responsabilidad por lo sucedido en Once. El organismo de contralor del Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación, había elaborado con anterioridad a la tragedia un informe sobre las pésimas condiciones del servicio. Entre las causales encontramos la desinversión, la falta de mantenimiento, y el desvío de los subsidios en favor de actividades económicas privadas.

Ante la inacción del Estado durante este tiempo, y el incumplimiento contractual de TBA, las condiciones están dadas para que se produzcan dos consecuencias jurídicas:

a)    La responsabilidad del Estado, al mismo tiempo que TBA, por evadir el control periódico, y, por tanto, la imputación de lo ocurrido por omisión.

b)    La resolución unilateral, por parte de la Administración, del contrato de concesión de TBA, aparado en los artículos 17 y 19 del contrato.

El Estado, defendiendo el interés público, debe rendir cuentas por su inacción, con la consecuente responsabilidad de los funcionarios implicados, y tomar el control –aunque sea por tiempo determinado-, para devolver la calidad al servicio.

La ética y la responsabilidad en la Administración Pública debieran ser principios fundamentales.

Democrático, pero no republicano - Luis Alberto Romero

Aunque pertenece en pleno derecho a una de las familias democráticas, el peronismo no es republicano ni pretende serlo. Es cosa sabida, pero uno no deja de sorprenderse. "Las leyes se hacen para ser violadas", me contestó hace un par de años un colega kirchnerista, ante un señalamiento mío sobre la importancia de las leyes y las normas. Lo curioso en este caso fue el lugar: el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en un coloquio convocado por sus autoridades, para ilustración de los legisladores. Mi colega no es un ignorante ni mucho menos: tiene su grado, su posgrado y su experiencia universitaria. Pero expresó un sentido común antirrepublicano y antiliberal que es muy fuerte en la Argentina.

La Constitución de 1853 consagró, junto con las libertades básicas, la forma republicana de gobierno. El núcleo del régimen republicano se halla en la división de poderes, y se fundamenta en la soberanía de la ley, verdadera Arca de la Alianza de nuestro contrato político. La Constitución fija una meta y un ideal, al que el país se aproximó razonablemente en la segunda mitad del siglo XIX. Restémosle el ejercicio de fuerza que un Estado apenas en gestación hizo para consolidarse y afirmar su monopolio de la violencia. Restémosle, quizá, la cuota de presidencialismo que desde Roca se agregó a un régimen que ya era presidencial. Fuera de eso, el saldo sigue siendo favorable: el régimen resultante fue republicano.

Del lado de la democracia había muchas más deficiencias. La participación electoral no era amplia -tampoco inexistente- y los gobiernos manipulaban abiertamente los resultados electorales. La Ley Sáenz Peña cambió mucho las cosas, al establecer el sufragio secreto y obligatorio y el padrón militar. Todos los argentinos varones y adultos se hicieron ciudadanos y la manipulación de los resultados se redujo mucho. Pero el aluvión ciudadano y las nuevas prácticas políticas pusieron en tensión el régimen republicano y lo hicieron chirriar. Por entonces era algo común en el mundo. En la primera posguerra nuevos movimientos políticos concentraron su artillería en el parlamentarismo, que sobrevivió en pocos lugares. Como lo había diagnosticado Tocqueville, la democracia puede llevarse mal con la libertad y la república.

Algo de eso se vio en el gobierno de Yrigoyen. Pese a provenir de un partido que hacía de la Constitución su programa, el primer presidente auténticamente democrático estaba imbuido de una convicción regeneracionista que lo llevaba a maltratar un poco las instituciones existentes. Yrigoyen "ninguneó" al Congreso de manera ostensible. Hizo leer por un secretario los discursos presidenciales anuales. Decretó intervenciones federales hasta un día antes o un día después de los períodos de sesiones. En la Cámara, una mayoría "personalista" utilizó las sesiones para endiosar a su líder y denostar a unos opositores que pagaron con la misma moneda. Se aprobaron pocas leyes y hubo en cambio muchos decretos. Pequeñeces, sin duda, en un hombre que en el fondo era profundamente republicano.

En ese tiempo emergía con fuerza una corriente ideológica y cultural que cuestionó radicalmente la República y la Constitución toda. El "Estado liberal" (una denominación algo abusiva) fue descalificado en nombre de concepciones del individuo, la sociedad y el Estado que abrevaban en el catolicismo integrista, o simplemente en el fascismo. Los individuos se concebían inmersos en sus comunidades; la sociedad era una comunidad organizada por el Estado. Este era dirigido por un líder que recibía, íntegra, la soberanía delegada por el pueblo. Otra concepción, en suma, diferente de la republicana. Una tradición en la que la ley no era ni el principio ordenador común ni el fruto de la discusión razonada de los representantes del pueblo, sino la expresión directa y variable de la voluntad del pueblo, delegada en el líder.

Es fácil reconocer en el peronismo esta tradición, originada en el nacionalismo católico y en el fascismo. Para su puesta en práctica no fue necesario reformar el núcleo dogmático de la Constitución, como reclamaban los antiliberales, sino simplemente ajustar la interpretación de las normas. Violar la ley no significa necesariamente hacerla desaparecer, sino adaptarla a las decisiones del Ejecutivo. El Congreso no dejó de existir, pero los representantes peronistas se limitaron a clausurar el debate y aprobar por aclamación. El Preámbulo de la Constitución siguió vigente, pero la unidad de doctrina, la "doctrina nacional", fue incluida en otros textos normativos.

Desde entonces y hasta 1983 las instituciones republicanas no se recuperaron. Las dictaduras militares, además de ignorarlas, trabajaron por la "unidad de discurso". Los breves regímenes constitucionales -con la excepción del de Illia, un oasis en el desierto- le dieron poca relevancia al Congreso (aún con cómodas mayorías) y prefirieron negociar con los factores de poder reales: las Fuerzas Armadas, los sindicatos, los empresarios, la Iglesia. Aquellos con los que en 1973 Perón intentó, algo ingenuamente, reconstruir su Comunidad Organizada.

El año 1983 fue una fecha crucial, pues el gobierno triunfante se propuso armonizar la democracia y la república. No fue una "recuperación", sino la fundación de un orden hasta entonces no conocido, fundado en el doble principio de la soberanía popular y la soberanía de la ley. En la práctica hubo transgresiones, pero me parecen menores en comparación con el enorme esfuerzo pedagógico realizado por el gobierno electo -a menudo en contra de sus intereses políticos inmediatos- para consolidar esos principios.

Duró poco. Quizá porque tales convicciones no arraigaban en la cultura política argentina, trabajada por seis décadas de catolicismo, nacionalismo y populismo. ¿Habría bastado una pedagogía presidencial más sostenida para modificarla? No llegamos a saberlo, porque la crisis económica sumergió a la política en un marasmo. Sobre todo, porque las salidas de la crisis consistieron en dotar a los gobiernos con recursos extraordinarios, cuyo ejercicio -más allá de su eficacia eventual- corroía necesariamente la institucionalidad republicana.

Desde entonces, como escribió Hugo Quiroga, vivimos en "emergencia permanente". El Congreso viene delegando voluntariamente gran parte de sus atribuciones en el Poder Ejecutivo. Las que no delega, éste se las toma, sin que nadie le reclame. Quizá la supervivencia de la comunidad requirió y requiere semejante delegación. O no. Pero desde 1989 todas las políticas de emergencia, de sentidos e intenciones diferentes, han tenido un punto en común: desarmar un Estado cada vez más maltrecho, destruir sus órganos de control e información y corroer sus normas, siempre modificables en razón de la emergencia. Así se esfuma el Estado -pieza central en un régimen republicano- y sólo quedan los gobiernos, que desde 1989 han sido peronistas.

Son gobiernos elegidos democráticamente, pero con escasas intenciones republicanas. Aquel peronismo que pareció cambiar en 1983 va recuperando, a pasos agigantados, su impronta inicial antirrepublicana. Las prácticas están hoy a la vista. En cuanto al discurso, es hoy común que sus defensores reiteren el viejo tópico que contrapone la democracia real con la formal; que los gobernantes critiquen a quienes, al reclamar por las normas, "ponen palos en la rueda"; que interpreten una mayoría electoral como una delegación total del poder en el jefe. En esa recuperación, no es extraño que un académico ilustrado, consciente del sentido de lo que dice, afirme que las normas han sido hechas para ser violadas.

Es posible que el gobierno peronista actual, o el de los años 90, hayan sido exitosos. Hay opiniones. Pero, sin duda, ninguno de los dos ha sido republicano. Tuvieron y tienen escasa preocupación por las instituciones o por la soberanía de la ley. Hace poco, Benedicto XVI, ante el Parlamento alemán, parafraseó una frase de San Agustín que viene al caso: "Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?" Deberíamos tratar de no llegar a ese extremo.



Publicado en La Nación, 29 de diciembre de 2011.

Instituciones - por Roberto Gargarella

Hay una historia argentina de gran descuido de la institucionalidad, que viene de mucho antes del día de hoy. Irigoyen decía que era el líder de un movimiento, no de un partido, porque representaba al conjunto de la Nación. Y esta idea movimientista lleva inevitablemente a una posición agresivamente antiinstitucional, en la medida en que los líderes sienten que son la encarnación de los verdaderos intereses de la Nación. Desde esta visión ultradecisionista, cesarista, las instituciones son un obstáculo. Un parlamento con personalidad propia, demora; un Poder Judicial independiente, molesta...

y sí, claro, el periodismo es sumamente molesto. También algunos intelectuales. En fin, todos aquellos que impidan la encarnación del ser o del interés nacional son réprobos, antinacionales o no entendemos nada. Esta tradición argentina, que se extiende sobre todo en el siglo XX, no quiere incurrir en los presumidos costos de construir institucionalidad y fue seguida, puntualmente, tanto por el peronismo como por el radicalismo. Después de haber tenido un presidente que huyó en helicóptero, Kirchner justificó su decisionismo en la necesidad de reconstruir el poder en la Argentina? Todas las crisis generan una gran demanda de que venga alguien a tomar decisiones y nos saque del caos. Este exceso de decisionismo puede conducir a De Gaulle, en Francia, o a Hitler en Alemania. Esto es: no está predefinido que de ahí salga algo malo o bueno. Reconstruir el poder político era efectivamente una demanda real. Pero el poder político no sólo es presidencial, sino que lo incluye.
Para mí, el punto paradigmático es la concesión de poderes extraordinarios al Ejecutivo, en términos de economía. Creo que esta es la marca de una extralimitación en el tiempo de una decisión que en un momento fue justificada. Estas medidas degradan claramente al Congreso. Max Webber señalaba en la primera guerra mundial que Bismark -que era un gran decisionista- había hecho de Alemania una potencia. Sin embargo, le criticaba ácidamente haber convertido al Parlamento en un instrumento pasivo de su voluntad. Weber hizo esta advertencia en 1917; luego vino en Alemania la República de Weimar, que fue la antesala del nazismo. Conclusión: es muy cómodo tener un Congreso que diga a todo que sí porque los costos no son visibles en el corto plazo. Sin embargo, a la larga, lo que se sacrifica es enorme. Y la advertencia de Weber nos cabe.


Extraído de su blog: http://seminariogargarella.blogspot.com/

Apuntes sobre el traslado de la Capital

Volviendo la cuestión del traslado, como método de descentralización y desarrollo del sur, recomendamos la lectura de un trabajo de Elba Roulet, "La nueva Capital".
Se puede descargar gratis en .pdf acá.

Por otra parte, la ley de traslado de la capital (23.512) está en vigencia. Sólo es necesario un decreto del Poder Ejecutivo para ejecutar el traslado.

Y la voluntad política, claro.