Apuntes sobre el traslado de la Capital

Volviendo la cuestión del traslado, como método de descentralización y desarrollo del sur, recomendamos la lectura de un trabajo de Elba Roulet, "La nueva Capital".
Se puede descargar gratis en .pdf acá.

Por otra parte, la ley de traslado de la capital (23.512) está en vigencia. Sólo es necesario un decreto del Poder Ejecutivo para ejecutar el traslado.

Y la voluntad política, claro.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional

El riesgo de una reforma al servicio de unos pocos
Por Roberto Gargarella*

A través de las voces, sigilosas a veces, de propios y extraños, hoy volvemos a encontrarnos con el discurso de la reforma constitucional. Mucho de lo que se escucha, sin embargo, nos remite a enfoques cortoplacistas y autointeresados, muy comunes en América latina en la última mitad del siglo XX. Durante este largo período, la mayoría de las reformas se orientaron a satisfacer las necesidades individuales, coyunturales, del gobernante de turno. Las nuevas constituciones se propusieron ya sea favorecer la permanencia en el poder del presidente en ejercicio (permitiendo su reelección), ya sea expandir sus capacidades y poderes.

Esta -poco saludable- tendencia constitucional moderna contrasta con la que fue dominante en los comienzos del constitucionalismo en toda América latina. Entonces, una mayoría de autores sugirieron pensar en reformas frecuentes, sí, pero relacionadas con las necesidades colectivas, estructurales -angustiosas, agregaría- de la época.

Reflexionando sobre esas tendencias, y en el capítulo 2 de Bases, su obra más influyente, Juan Bautista Alberdi reconocía los méritos del "primer derecho constitucional" de la región. En su opinión, los latinoamericanos habían sabido identificar cuál era el gran drama que los afectaba y, apropiadamente, habían dispuesto todas sus energías constitucionales en tal dirección. En sus palabras: "Todas las constituciones dadas en Sudamérica durante la guerra de la Independencia fueron expresión completa de la necesidad dominante de ese tiempo? La independencia y la libertad exterior eran los vitales intereses que preocupaban a los legisladores de ese tiempo. Tenían razón: comprendían su época y sabían servirla". Cuarenta años después -agregaba Alberdi-, los tiempos habían cambiado, la independencia estaba consolidada, las necesidades eran otras y por eso tenía sentido volver a solicitar la ayuda de la Constitución: era necesario utilizar la energía constitucional de otro modo, canalizarla hacia otros fines. Ahora los fines eran otros: "Hoy deben preocuparnos especialmente los fines económicos", concluía.

Es posible que hoy estemos enfrentados a nuevos dramas públicos que requieran una reflexión novedosa sobre la Constitución. Sin embargo, para Alberdi, no se trataba de cambiar por cambiar, ni mucho menos de cambiar en cualquier dirección. Todo lo contrario: se trataba de cambiar sólo en la medida en que reconociéramos que la Constitución podía salir en nuestra ayuda, frente a algún drama colectivo que pretendiéramos superar, con todas nuestras fuerzas, como lo fue la consolidación de la independencia; como lo fueron el desierto y el atraso económico.

Contra las tendencias constitucionales hoy dominantes, el gran drama de nuestra época es uno que la propia generación de Alberdi contribuyó a forjar. Me refiero al drama de la desigualdad, que nuestros "padres fundadores" alimentaron bajo la fórmula "libertades económicas amplias, libertades políticas restringidas". Esa desigualdad, que hoy todavía padecemos, encuentra dos manifestaciones principales: la desigualdad económica y la desigualdad política. Se trata de dos males que deben ser enfrentados simultánea y no sucesivamente (un punto muy importante, que la izquierda latinoamericana tuvo muy en claro luego de la independencia, pero que luego equivocadamente tendió a abandonar).

Hoy la principal expresión de la desigualdad política se advierte en el hecho de que la "clase política" ha expropiado nuestra capacidad de decisión sobre los temas de interés compartido (siendo el órgano ejecutivo, claramente, el que más poder desigual concentra). Frente a esa situación, el sistema presidencialista resulta parte crucial del problema. El régimen parlamentario, mientras tanto, no resulta parte crucial de la solución, al menos en la medida en que pretenda dejarnos en un lugar similar al que hoy ocupamos: meros espectadores de un juego que nos afecta, pero que queda bajo el control de otros.

Los riesgos que emergen en este contexto, entonces, resultan enormes. El primero es optar, nuevamente, por una reforma coyuntural, al servicio de unos pocos. El segundo, sin embargo, es mucho peor y muy acorde con el clima de época: hacer lo mismo, pero bajo la invocación de los mejores ideales.

*El autor es jurista y experto en derecho constitucional